23 junio 2008
En el marco de la crisis alimentaria global y en México –que se expresa aquí con un encarecimiento de los alimentos de más de 70 por ciento en 18 meses y una profundización de la dependencia de importaciones--, más de 500 organizaciones campesinas, de productores y civiles, así como intelectuales, artistas, personajes públicos e individuos en general lanzaron la segunda etapa de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, con un nuevo agregado: “Alimentos campesinos para México. ¡El hambre no espera!”.
La Campaña reitera la imperiosa necesidad de reactivar el campo mexicano, por medio de la revalorización e impulso a la agricultura campesina, la cual ha sido despojada de políticas y apoyos públicos en los 25 años recientes, a pesar de que los productores de pequeña y mediana escala poseen 80 por ciento de las tierras donde se encuentran los recursos estratégicos (agua, germoplasma y minerales) y de que son guardianes y responsables de buena parte de la oferta alimentaria, de la biodiversidad, los servicios ambientales y de la preservación de la diversidad étnica y cultural del país.
También la Campaña insiste en la exigencia al Ejecutivo de que renegocie el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) así como los Acuerdos de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para salvaguardar la soberanía alimentaria,
No a transgénicos, no a los agrocombustibles
Igual que ocurrió en la primera fase de la campaña –que inició hace un año y que cumplió su objetivo de poner al maíz “en boca” de la población--, ahora las organizaciones e individuos promotores convocan a la sociedad civil a impedir la siembra en México de maíz transgénico, para así resguardar la condición de nuestro país como centro de origen del maíz, con 59 razas nativas, y como gran reservorio de variedades adaptadas al cambio climático.
Pero ahora ese llamado –que se hace crítico, pues el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modifidados (LBOGM) generado por el Ejecutivo prevé la siembra experimental de maíces transgénicos para fines de este año—se complementa con la demanda de frenar el uso del maíz para su transformación en agrocombustibles.
La utilización de maíz y de otros alimentos para la producción de etanol es un crimen en esta crisis, siendo nuestro país un fuerte productor de petróleo. Los agrocombustibles son responsables de por lo menos 30 por ciento del encarecimiento mundial de los precios de los granos básicos (de 130 por ciento en el trigo, 87 en soya, 74 en arroz y 31 por ciento en maíz, entre marzo de 2007 y marzo de 2008, según la FAO) y además hay evidencias científicas de que no son sustentables ambientalmente, pues utilizan grandes volúmenes de agua y de energía fósil para su elaboración.
En México, con apoyos públicos este año tres plantas de etanol instaladas en Sinaloa estarán consumiendo casi un millón de toneladas de maíz. Ello, a pesar de que México depende hoy de más de 10 millones de toneladas del cereal (casi 30 por ciento de las necesidades domésticas).
Freno a monopolios y alimentos chatarra
La Campaña considera fundamental la participación de la sociedad civil en la defensa del maíz, del impulso a la capacidad productiva campesina y de la defensa del derecho a la alimentación, luego de que el Ejecutivo federal ha mostrado indiferencia y desprecio frente a la crisis alimentaria y a los efectos económicos, sociales y nutricionales de la población, misma que ya hoy suma 20 millones de personas con desnutrición y anemia, 60 millones que viven en condiciones de pobreza y más de 30 millones con problemas de obesidad (ligados a una oferta extensa de alimentos chatarra sin regulación e impulsados por publicidad engañosa).
Asimismo, llama a una lucha contra los monopolios alimentarios, pues la grandes corporaciones están dictando hábitos de consumo perniciosos para la salud y para el bolsillo de la población (por ejemplo con refrescos que en términos reales significan azúcar a 80 pesos el kilo, y que predisponen a la diabetes). La Campaña pretende inducir un consumo responsable de la población y una regulación para la publicidad de las corporaciones, la cual miente o exagera acerca de los valores nutiricionales de sus productos.
La campaña plantea exigencias puntuales, que involucran el compromiso de la sociedad, del Congreso y del propio Ejecutivo. Entre ellas destacan:
A) Acciones para incrementar la producción y productividad sustentable con campesinos, con un programa de mediano plazo para la sustitución de importaciones agroalimentarias a fin de eliminar el déficit comercial sectorial en 2012, y con una concertación del gobierno federal y los estatales con las organizaciones por rama de producción para establecer metas de incrementos anuales de la producción.
Asimismo, una reestructuración consensuada de los programas e instituciones del sector rural. Y una agenda legislativa para el campo que incluya, entre otras, la aprobación por el Senado de la República de la minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la minuta de Ley de Gas Natural de Proceso. Y la aprobación por el Congreso de la Unión de un mecanismo de administración del comercio exterior de los alimentos básicos y estratégicos, de conformidad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
B) Acciones para garantizar un acceso universal a los alimentos a precios razonables, tales como la aprobación por la Cámara de Diputados de la minuta del Senado por el cual se eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación, y el establecimiento de una canasta alimentaria básica con precios controlados de productos nacionales, con fomento a la compra a asociaciones de productores mexicanos.
También, el incremento de cien por ciento al monto de apoyo a las familias en el Programa Oportunidades y redefinición de los programas de apoyo a las mujeres rurales con base en el reconocimiento de su papel como productoras, conservadoras de recursos naturales y administradoras de la tierra y las remesas.
C) Creación de una Reserva Estratégica Alimentaria, que sería administrada por la Sagarpa y un consejo intersecretarial e intersectorial, constituida por maíz (tres millones de toneladas), trigo (un millón), frijol (200 mil toneladas), arroz (200 mil toneladas) y leche en polvo equivalente a cuatro meses del consumo nacional.
D) Protección al maíz, por medio de investigación pública orientada a valorar la agroecología y el potencial de las semillas nativas; incentivo a prácticas sustentables que han demostrado su alto valor para resolver los problemas ambientales de la agricultura; protección de nuestros maíces criollos o nativos de la contaminación transgénica; medidas de bioseguridad que respondan a la realidad del país como centro de origen y de diversificación genética del grano; establecimiento de un sistemas de protección, responsabilidad e indemnización para los campesinos que han resultado afectados por la contaminación o flujo genético a sus cultivos convencionales u orgánicos, y etiquetado obligatorio en todos los productos que contengan OGM, como se aplica en muchos países, acatando el derecho fundamental a la información para poder elegir.
Los promotores de la Campaña consideran que todas estas acciones pueden ser fácilmente financiadas con la creación de un Fondo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, con los recursos excedentes del petróleo; asimismo, con los ingresos extraordinarios por la recaudación del IETU; con un recorte de 20 por ciento del gasto corriente de la alta burocracia de los tres Poderes (incluyendo reducción salarial y prestaciones, y con la eliminación del seguro de gastos médicos mayores), y con 25 por ciento de los decomisos al crimen organizado.
— Greenpeace
